Compañeros de derecho, este es el cronográma para mañana :
10:00 --> Charla de la comisión legislativa. Sala 2
15:00 --> Foro Aula Magna de la triestamentalidad. Exponen profesores de nuestra Universidad.
18:00 --> Asamblea general de estudiantes de Derecho. Sala 2
lunes 11 de junio de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentarios:
Aunque la finalidad del presente documento quedará clarificada en su epílogo, es
menester mencionar que analiza críticamente los elementos negativos en el manejo de las
políticas financieras y administrativas de la Universidad de Valparaíso, sin desmedro de los
beneficios y aspectos claramente positivos que manifiesta como institución de Educación
Superior. Por tanto, los datos cifrados a continuación no esperan ser resolutivos, sino analíticos
respecto a lo sucedido, y se basan en Actas Nº 196, 211, 212, 213, 214, 218, 220, 221, 225,
226, 227, 228 y 229 de la Junta Directiva de la Universidad de Valparaíso, Actas de sesión
ordinaria Nº 323, 324, 325, 326, 327 y 328 del Consejo Académico de la Universidad de
Valparaíso, Oficio Ordinario Nº 136 del 29 de Mayo de 2007, Estatutos orgánicos de elección al
Rector, Decreto Exento Nº 02687 fechado el 5 de septiembre 2006 de Asignación al Mérito y
una entrevista al Rector Juan Riquelme del Mercurio de Valparaíso dada el sábado 2 de Junio
del 2007. Las conclusiones podrán así ser fácilmente derivadas por los diversos lectores, en la
medida que se remitan a los documentos citados.
Para septiembre del 2006, el Decano de Humanidades Sr. Carlos Verdugo exponía la
ausencia de una cuenta financiera sobre ingresos y egresos de la Universidad por parte de
Rectoría, refiriendo la incertidumbre existente a nivel de Consejo Académico acerca de las
políticas de crecimiento y expansión de carreras con incrementos arancelarios desde un 6,5%
hasta un 30% por sobre el nivel de reajuste permitido en torno a la remuneración pública.
Igualmente, expresaba el descontento presente por el nivel desmedido de cupos vacantes, en
carreras que para tal momento no contaban con los requerimientos infraestructurales ni
académicos. Lo que se justificó en un principio como la necesidad de sobrecargar los mismos
previniendo las posibles vacantes posteriores quedó en tela de juicio al asomar datos oficiales
como la apertura de la Carrera de Diseño en Rengo, la cual fue inaugurada sólo con 18
alumnos. De igual manera se hacía manifiesto el pesar entre los estudiantes de Cine por el
hecho de no contar con siquiera una cámara profesional, junto con los estudiantes de Teatro
aquejados por estar remitidos a una simple sala denominada Juan Araya durante dos
generaciones, sala que debía bastar para cumplir todas sus actividades. Asimismo, la Facultad
de Arquitectura diseñada en principio para 3 Carreras, siendo éstas Diseño, Arquitectura e
Ingeniería en Construcción debía sostener la presencia de 7 Carreras, pues se incluían bajo el
mismo techo Gestión y Turismo en Cultura, Ingeniería Civil, Teatro y Cine, estando incluso
prevista para el 2008 la incorporación de Ing. en Prevención de Riesgos en la misma
dependencia.
Por otra parte, el Decano Roberto Prado enfatizó en Noviembre del año pasado la
necesidad de esclarecer las políticas arancelarias, luego de las medidas de presión y condena
que la prensa nacional así como el Ministerio de Educación utilizaron recalcando el aumento
desmedido del importe dado por los estudiantes, en comparación a otras Universidades del
país. Cabe destacar que ante tal intervención, el Rector adujo que es más conveniente resaltar
los valores arancelarios reales, que se sitúan entre los más bajos, antes que el porcentaje de
aumento, lo que a nuestro juicio resulta confuso. En Diciembre del año pasado, se cerraban
entonces las ultimas medidas sobre reajuste arancelario que por Acuerdo Nº 3 del Acta de
Sesión Ordinaria Nº 326 quedaron estipulados los porcentajes mínimos de aumento para el año
2007 siendo en un 10% para los alumnos nuevos y en un 6% para los antiguos. En relación con
la morosidad irresponsable, según palabras del Sr. Luis Guastavino miembro de la Junta
Directiva, debían por tanto aplicarse medidas como información a DICOM, tema que resultaría
posteriormente funesto para un número no menor de estudiantes. Es de notar que la
candidatura del Sr. Luís Guastavino como Miembro de la Junta coincidió con la inminente salida
del Sr. Hernán Couyoumdjian Bergamali, en circunstancias que el Sr. Guastavino, otrora
intendente de la Quinta Región, ya a finales del año 2005 poseía cargos por irregularidades
formulados por Contraloría Regional en el marco de la investigación del escándalo por desvío
de platas destinadas al Programa de Generación de Empleo, lo cual le habría costado la salida
de la Intendencia Regional.
La mención del señor Couyoumdjian se fundamenta en que, durante la Sesión Ordinaria
Nº 211 hizo una aguda observación, anotado como el cuarto punto del segundo ítem de la tabla,
donde enmarcaba que en el presupuesto 2006 aparecía un endeudamiento interno por $4.649
millones, lo que fue aclarado por el Sr. Rector en el sentido que era un endeudamiento para
desarrollar proyectos. El mencionado ex-miembro de la Junta resaltó que este monto no estaba
financiado y que el hecho de aprobar el presupuesto anual por parte de la Junta Directiva
implicaba aprobar el plan de desarrollo de estas obras, en circunstancias que se debería, caso
a caso, aprobar los endeudamientos específicos ante los bancos. De igual modo, dejó
constancia que la deuda externa de la Universidad de Valparaíso ascendía ya a unos $8.000
millones y que este desarrollo no financiado implicaría un aumento de más del 50% de este
endeudamiento cuando aún no se había recibido el cuadro solicitado desde hace mas de dos
años con las deudas y las disponibilidades anuales para pagar el endeudamiento de la
Universidad. En relación a la aprobación del Presupuesto para el 2006, el Director de
Planificación y Desarrollo, Sr. Jaime Salazar Rojas, explicó que se habían tomado en
consideración las observaciones y recomendaciones que la Junta manifestó en la Sesión Nº
211, de fecha 13 de Diciembre pasado, en donde se integraban un conjunto muy variado de
ellas. En una estimación global, el Sr. Salazar explicó que el presupuesto sometido a la Junta
Directiva intentaba ser transparente respecto al Ingreso y el Gasto, incluyendo por cierto las
inversiones y los endeudamientos globales y parciales para el año 2006, siendo estos últimos
destinados principalmente a inversiones de infraestructura. Igualmente agregó que la
estimación, según lo proyectado hacia el año 2015, implicaba que la Universidad debería
preservar esta deuda con gran responsabilidad, lo que provocaría estrecheces hasta el año
2007 en virtud del Plan de Construcciones en marcha desde 1998, pero que posteriormente no
se requeriría de grandes inversiones en el rubro, disminuyendo drásticamente el
endeudamiento tendiente a cero, deuda que como inversión, se subsanaría por el crecimiento
de la Universidad.
Posteriormente el Sr. Couyoumdjian solicitó se aclarara porqué no se consignó en el
Presupuesto las inversiones de 5.000 millones de pesos, en cinco años, que requería el
Proyecto Rengo. Al respecto intervino el Sr. Rector y el Sr. Salazar, quienes explicaron que el
Proyecto Rengo se financiaba inicialmente con los recursos logrados en el concurso ganado
ante el gobierno regional de la VI Región, y que el resto dependería del grado de éxito obtenido,
pues los proyectos de Campus eran autofinanciables, y de ser necesario, se indicaría en otro
presupuesto futuro. Para la construcción del Campus Rengo, el Gobierno Regional, aportaría a
nuestra Casa de Estudios $1.332 millones de pesos, sin embargo no se incluyó en los acuerdos
de la Junta Directiva la diferencia entre los $5.595 millones de pesos que tiene como costo total
el proyecto y el aporte mencionado, los cuales en las proyecciones de la institución, se
autofinanciaría.. Tales observaciones, hasta para el más lego de los inversionistas resultarían
desestimables e incompetentes, pues autorizan endeudamientos presentes y futuros en torno a
una credibilidad ciega, con mayor razón cuando el endeudamiento para el año 2006
contemplaba un alza del 65% respecto al endeudamiento del año 2005. Es importante anexara
lo anterior, que ya en el Acta Nº 196 de la Junta Directiva del 9 de Noviembre del 2004, como
punto a tratar se tenía el análisis del nivel de endeudamiento de la universidad, donde un
informe elaborado para tal fin entrega al nivel de endeudamiento al 31 de diciembre del 2004,
desglosado de la siguiente forma: Deuda de largo plazo: $ 3.994.454.342, Deuda de corto
plazo: $ 848.122.431, en líneas de crédito $1.098.865.863, siendo el total de $5.941.442.626.
En otro orden de cosas, se sumaba a todo lo anterior el reciente fallo de la Corte de
Apelaciones de Valparaíso ratificado por la Corte Suprema contra la Rectoría de la Universidad
sobre la devolución de dineros a alumnos de Trabajo Social, cuyo importe arancelario
sobrepasaba lo exigido por la carga académica cursada. Asimismo Luis Maldonado, Decano de
Medicina, expresaba la falta de claridad respecto a criterios de financiamiento como la
captación de alumnos mediante el A.F.I y su distribución por la fórmula 70/30, apreciación
compartida por el entonces Decano de Derecho Sr. Antonio Pedrals y por el Consejero de la
Facultad de Humanidades Sr. José Jara, siendo éste aún más tajante en su opinión sobre lo
que concebía como ilegalidades. No menos relevante resultaba la vacancia que en aquel
entonces presentaba el cargo de Prorrector de la Universidad de Valparaíso, donde se
presumía que las 27 funciones estatuidas legalmente estaban siendo desplegadas en el propio
Rector y demás funcionarios. Se sumaba también junto con las irregularidades ya nombradas la
emitida en el acta Nº 218 de la Junta Directiva, con fecha 13 de Junio del 2006, donde el
Contralor de la Universidad denunciaba por medio de una revisión llevada a cabo por
Contraloría Interna, la forma de cancelación de la deuda con el restaurante Coco-Loco por
consumos varios que haciende a $8.324.898, la cual fue cubierta casi en su totalidad por el
arriendo del terreno perteneciente a la Universidad en Av. Brasil Nº 1701 al restaurante
mencionado. En esta oportunidad, el Contralor hizo un llamado a que las comidas fueran sólo
bajo actividades de carácter oficial y por personas debidamente autorizadas, haciendo mención
a que no correspondía que las propinas sean cargadas también a las facturas de la
Universidad. Es importante destacar que lo anterior no responde a un contrato como legalmente
se estatuyen las formas de pago, sino a un trato, término que designa acuerdos de palabra
simple. Dejamos al lector saque sus propias conclusiones al respecto.
Cabe destacar también, que para el mes mencionado aún no se validaba la invitación
hecha por el Consejo Académico al Fiscal General y al Contralor de la Universidad, instancias
fiscalizadoras de la misma, producto del impedimento presentado por la Junta Directiva ante tal
reunión, la cual precisaba el estado actual acerca de las tres irregularidades presentadas por la
Contraloría Interna en Diciembre del 2005 que habían dado paso a sumarios respectivos,
siendo éstos presentados en los Oficios Nº 142, 153 y 158 con fechas 7, 17 y 25 de Noviembre
del 2005 respectivamente. El primero de ellos refería al contrato de arriendo con compromiso de
compra suscrito entre la Universidad y la Inmobiliaria Tocornal para iniciarse las actividades
docentes de la Facultad de Medicina en San Felipe, donde primero se pactó un pago anual, con
carácter de arriendo1, de 24 millones de pesos. Posteriormente, dicho acuerdo se dejó sin
efecto y se repactó con un pago anual constante en 67 millones de pesos2, argumentando que
el alza fue producto de la inversión en mejoras en la instalaciones a la propiedad, implicando
una muy mala gestión de todos los organismos de gestión pertinentes en estas materias previo
a la instancia de contraloría, que dejó sin visación al decreto pertinente.
A razón de lo anterior, la inmobiliaria solicitó una revisión de lo pactado determinándose
la resolución de un nuevo contrato, en que el excedente que implicaba la precedente
contratación se endosó como pago anticipado por la UV a la misma inmobiliaria que construía el
nuevo edificio para la Facultad de Medicina. Según el Contralor, la situación se habría resuelto
en tal sentido, pese a quedar cuestiones pendientes como establecer las responsabilidades
funcionarias en lo acaecido, a lo cual se había elevado ya una solicitud al Rector de Sumario y
el compromiso de hipoteca a aprobarse por parte de la Junta Directiva. Inclusive, la licitación
para la construcción del Campus San Felipe se declaró desierta, debido a que las ofertas dadas
(Constructora Tocornal $1.107 millones, Serinco $927 millones) sobrepasaban el presupuesto
determinado por la Universidad para su ejecución (700 millones aprox.), por lo que correspondía
llamar a una nueva licitación.
1 Con garantía de renovación.
2 Sin garantía de renovación.
En tales circunstancias, se hizo trato directo con Tocornal argumentando que en su
oferta habría existido un subsidio para la Universidad con lo que la oferta final asciende a $
648.537.127 pesos, descontándose un 57% de la oferta oficial.
Lo anterior resulta algo más claro cuando se considera que el dueño de la constructora
es el mismo al que se le compró el terreno, el arquitecto que se le contrata por trato directo por
fuera de Planta Física para el desarrollo del Proyecto es el mismo que trabaja con la
constructora Tocornal, y esta constructora no esta inscrita en el registro de contratistas de la
Universidad. Igualmente importante es el hecho de que los contratos y negociaciones fueron
suscritos directamente con Rectoría, prescindiendo de la legitimación atribuida a la Junta
Directiva de la Universidad.
Finalmente resulta que se firman tres contratos para la construcción de la primera etapa
por $648.537.127, $303.334.384 y $184.815.504 pesos, lo que suma un total de 1.172.687.015,
es decir, un 80 % más que el presupuesto acordado en un principio.
El segundo Oficio guardaba relación con la falta de transparencia relativa a la
adquisición de un inmueble para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, (Casa
Nº 7 de calle 5 Oriente) ya que un profesor de esa Facultad, como representante a su vez de
una empresa familiar, vendió a la Universidad una propiedad inmobiliaria mediante operación
de leasing, lo cual exenta a la institución de las regalías legales procuradas a una entidad fiscal.
El análisis de auditoría demostró que la Universidad pagó un sobreprecio que duplica el valor
de venta de la propiedad, ya que se compró a 70 millones, obteniendo el vendedor una utilidad
de 34 millones de pesos. El Contralor solicitó entonces un sumario al Rector, que aun no se
iniciaba a la fecha, quedando pendientes cuestiones relativas al porqué se adquirió un inmueble
a través de un tercero, que por lo demás es aún docente, y no directamente a su propietario y
sobre la hipoteca, en caso de haberse adquirido un inmueble con endeudamiento, cuestión que
debió previamente ser conocido por la Junta Directiva. El último oficio trataba sobre la
adquisición de un inmueble (terreno “ciego”) y una construcción de dos casas para uso de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, donde la transacción ascendía a 80
millones de pesos, descompuestos en 77 millones cancelados en exceso, y 3 millones por pago
de arrendamiento, en circunstancias que la propiedad ya estaba adquirida por la Universidad, lo
cual resulta verdaderamente inaudito a nuestro parecer.
Rectoría habría comenzado en Enero del 2006 los procesos de sumario respectivos,
pese a referir como prejuzgadas algunas opiniones vertidas en el informe del Contralor sobre
los acuerdos 1º y 3º de sesión extraordinaria de la Junta Directiva el 27 de Diciembre del 2005,
expresando de igual manera que los casos estipulados se habrían resuelto en conformidad a la
ley vigente a excepción de un proceso de anulación de leasing identificado por el Contralor, ya
que Fiscalía habría actuado de buena fe no estimando necesario el acudir a la Junta Directiva
para la autorización de la hipoteca que tal transacción implicaba, siendo un Docente de la
Universidad miembro de la Inmobiliaria con la que se efectuó tal negociación. Cabe destacar,
que en propias palabras del Rector la cantidad de sumarios contraídos por la instancia
fiscalizadora de la Universidad es amplia, la mayoría por sustracciones de bienes que
posteriormente son sobreseídos sin encontrar responsables, lo que pone en duda la
operatividad eficaz real de tal organismo, lo cual se condice con las opiniones vertidas por la
Sra. Marta Barría, miembro de la Junta, referidas a la sensación patente sobre la falta de
sanción debida frente a los robos y hurtos cometidos.
De hecho, en el Acta de la ducentésima décima cuarta sesión de la Junta Directiva de la
Universidad de Valparaíso, el Sr. Mario Rossel, miembro titular de tal Junta expresaba las
insuficiencias estructurales que adolecen tanto la Fiscalía como la Contraloría Interna, lo que en
su opinión afectaban considerablemente su actuar eficiente.
Luego de la exposición de estos tres Oficios el Contralor Sr. Lionel Guzmán procedió a
exponer otras situaciones irregulares, algunas de larga data, y que constaban de doce
operaciones cuyos decretos se encontraban sin tramitar, en la medida que la Contraloría Interna
no otorgó la visación, solicitando a Contraloría las regularizaciones correspondientes, lo que a
esta fecha aún no se ha cumplido, tanto por los organismo técnicos de la UV (Fiscalía y la
Dirección de Planta Física y Construcciones Universitaria) como por Rectoría.
Se apreció que se trataba de la adquisición de bienes en cuyas operaciones, como
denominador común, no se había completado la documentación de rigor además de otras
irregularidades tales como el Mutuo e Hipoteca (28-09-01) suscrita entre el Banco del Desarrollo
y la UV, la Compraventa e Hipoteca (13-11-02) suscrita entre Fundación DUOC de la PUCC, la
UV y el Banco Crédito e Inversiones, la Compraventa e Hipoteca (28-11-00), suscrita entre el
Banco de Santiago y la UV, sobre el inmueble ubicado entre calle Blanco y Avda. Brasil, y entre
calles Edwards y Carrera, la Hipoteca (22-04-02), suscrita entre la UV y el Banco de Santiago
en relación con el inmueble ubicado en Avda. Brasil Nº 2193 al 2152, la Compraventa (23-01-
03), suscrita entre Sociedad Constructora Viña del Mar Ltda. y la UV, en relación a inmuebles
ubicados en calles 7 norte y 5 oriente, casas 13 y 14, Viña del Mar, la Compraventa (01-10-01),
suscrita entra la Inmobiliaria Deza y Compañía Ltda. y la UV en relación con el inmueble
ubicado en Avda. Nº 2134 al 2152, la Compraventa (23-01-03), suscrita entre don Harken
Enrique Jensen Vivanco y la UV en relación con el inmueble correspondiente al lote
denominado “Futura Construcción”, ubicado en la Población Vergara de Viña del Mar, la
Compraventa (07-12-00), suscrita entre Juan Anduela Silva y la UV en relación con el inmueble
ubicado en calle 7 norte Nº 1251, Viña del Mar, la Compraventa (27-10-03), suscrita entre
Inmobiliaria e Inversiones Tocornal Ltda. y la UV, en relación con el inmueble de Lote A-tres-A,
ubicado en San Felipe, la Compraventa (30-06-03), suscrita entre la Asociación para la
Formación y el Desarrollo FORYDES y la UV, en relación con el Inmueble ubicado en Francisco
Valdés Vergara Nº 652, Valparaíso, la Compraventa (09-09-99), suscrita entre don Ricardo
René Díaz MENA y la UV, en relación con el Inmueble ubicado en la calle La Paz Nº 1300, Viña
del Mar y la Compraventa (02-12-97), suscrita entre doña Josefina de las Mercedes Vergara
Aravena, don Leoncio Leandro Vergara MENA y la UV, en relación con el inmueble ubicado en
pasaje La Paz Nº 1304, Viña del Mar. Todas estas operaciones fueron cursadas mediante
notario pero no cuentan ni con la visación ni tramitación pertinentes, que representan
documentos de rigor, en Contraloría Regional.
Por otra parte, las hipotecas mencionadas no fueron presentadas, para su aprobación, a
la Junta Directiva, Alto Órgano Colegiado que se atribuye dicha función. Respecto a todo lo
anterior, es relevante observar el Acuerdo Nº 3 de la sesión, en donde por unanimidad los
miembros de la Junta Directiva de la Universidad de Valparaíso acordaron presentar al Rector
de la Universidad la preocupación de este Alto Órgano Colegiado “por el hecho fundado de
apreciarse que en materia de gestión, relativa a transferencias inmuebles y contratos de
arrendamientos por la Universidad, identificadas en la presente Acta, la Fiscalía de la
Corporación no ha intervenido con la debida rigurosidad, lo que se manifiesta en el
incumplimiento de un conjunto de requisitos legales y formales que afectan negativamente los
intereses de la Universidad y su patrimonio. En ese orden, la Junta Directiva también aprecia
que ha faltado celo profesional y rigurosidad en las actuaciones de la prorrectoría de la División
de Administración y Finanzas, que deben intervenir en operaciones de compraventa y
arrendamiento de inmuebles.” Lo anterior resulta evidente cuando se considera que la Fiscalía
representa jurídicamente al Rector y que el cargo de Prorrector, en tal momento, estaba
vacante como se mencionó anteriormente.
Pero las complicaciones estaban lejos de finalizar. A lo anterior, se anexaban las
acciones administrativas llevadas a cabo por la Rectoría que terminaron en la destitución del
Director del Campus Aysén, Sr. Jorge Sepúlveda, situación que se encontraba escasamente
zanjada ya que existían opiniones y evidencias divergentes entre el propio Rector, Sr. Juan
Riquelme Zucchet, y el Decano de Humanidades Sr. Carlos Verdugo, sobre el fundamento de
las razones empleadas en tal destitución, presentando al respecto material fotográfico que
reflejaba las condiciones precarias de infraestructura en tal Campus, como la deplorable calidad
de los techos, el excesivo moho de las murallas debido a una notoria falta en la calidad de
dicho edificio y la pésima calefacción.
A propósito de las opiniones emitidas por el Sr. Rector acerca de las características
personales del Ex-Director del Campus Aysén Sr. Jorge Sepúlveda, éste habría manifestado
que el mal genio y el desacato frecuente de la autoridad habrían redundado en asumir medidas
restrictivas por parte de Rectoría hacia éste último, a modo de medida extraordinaria.
Es importante mencionar también que con respecto al proceso eleccionario del Rector,
se acordó realizar una revisión global de la actual reglamentación con posterioridad a la fecha
de tal proceso, la cual favoreció al actual Rector Sr. Juan Riquelme Zucchet con un 86.09% de
los votos, quien ostenta ocho años en el cargo, no siendo revisadas las tareas incumplidas en el
período anterior tales como la reformulación del Reglamento de Elecciones. Igualmente curioso
resulta el hecho de que aún existiendo una carta fechada el 15 de Mayo del 2006, emitida por 5
Decanos y que solicitaba claridad respecto al proceso eleccionario que se avecinaba, el
Consejo Académico tuviera noción de tal proceso en Octubre, es decir, dos meses después de
la disposición reglamentada por la Junta Directiva, existiendo actualmente publicación del
Decreto Exento Nº 02687 fechada el 5 de septiembre 2006, el cual explicita la Asignación
Especial al Mérito a 86 funcionarios de la Universidad, que incluye a académicos y autoridades
de Escuelas y Facultades, incluido el propio Rector, siendo el total mensual que implican estas
asignaciones $61.387.717 pesos, con un monto total anual de $ 736.652.600 sólo por este
concepto o Asignación. Sobradamente conocida es la reprochabilidad ética cuando se asignan
porcentajes financieros en función de la propia persona, antes de que sobre el cargo ocupado,
sobre todo cuando existe el D.U. Nº 360 de 1988 que actualmente faculta a realizar
asignaciones de hasta un 600%. Como ejemplo, citamos algunos casos en donde tuvo lugar
tales porcentajes, para el conocimiento público:
BENEFICADO % VALOR MENSUAL
DEMARIA VICTOR 430,7 % $ 1.772.679
DEMICHELI GUIDO 317,5 % 1.306.770
ESTAY NELSON 284,4 % 1.170.537
FRIAS GUILLERMO 349,0 % 1.436.418
GAETE ANDRES 450,0 % 1.852.115
GARCIA PATRICIO 260,0 % 1.070.111
GOMEZ F. ERNESTO 295,7 % 1.217.045
GONZALEZ MONICA 417,0 % 1.716.293
GUZMÁN LIONEL 455,0 % 1.872.694
JARA M. OMAR 361,0 % 1.485.807
MARTINEZ LUIS 293,3 % 1.207.167
MENDEZ PABLO 529,4 % 2.178.910
OLIVA DORIS 305,0 % 1.255.322
ORELLANA U. JOSE 283,0 % 1.164.774
PERAZZO ALDO 266,0 % 1.094.805
RAMÍREZ CARLOS 470,0 % 1.934.431
RUIZ JORGE 302,0 % 1.242.975
SALAZAR JAIME 513,0 % 2.111.411
URETA MAURICIO 232,0 % 954.868
VALDEBENITO PATRICIO 275,1 % 1.132.259
VIVANCO CARLOS 428,5 % 1.763.625
Especialmente escabroso resulta lo anterior cuando se consideran los cargos ocupados
por quienes en título personal resultaron beneficiados, y aún más, cuando se desconocen
públicamente los méritos que ameritan un sobresueldo.
Acerca de las medidas financieras, se ha hablado frecuentemente sobre los beneficios
contraídos por la política de reestructuración del pasivo financiero de la Universidad, siempre y
cuando, de manera condicional, se respete la rigurosa disciplina económica que ello conlleva,
disciplina que ha sido violentada producto de los desmedidos aumentos arancelarios, el
excesivo incremento de las matrículas y la apertura de carreras en condiciones de precariedad
académica y estructural, considerando que la matrícula en los últimos 8 años se ha
incrementado en un 200% y que se han invertido, en el bienio 2005-2006, cerca de 2000
millones de pesos. Tal reestructuración del pasivo financiero, implicó una licitación conforme a
lo establecido en el Decreto Exento Nº 02007 de la Universidad, para contratar créditos con el
Banco de Chile en un monto cercano a los 6.378 millones de pesos, quedando incluido un
listado de inmuebles susceptibles de ser singularizados como hipotecas en el contrato final,
siendo éstos el Edificio de Psicología, de Trabajo Social, la Facultad de Arquitectura, la Facultad
de Ciencias, y el Campus Las Heras, entre otros, en perjuicio de lo que pudiere suceder con
tales inmuebles y sus ocupantes frente a un descuido administrativo o financiero por parte del
actuar de Rectoría. Consideramos que dados los antecedentes expuestos, que el actual Rector
de la Universidad haya sido asignado como Tesorero de la Asociación Internacional de
Rectores de Universidades del Asia Pacífico para el período 2008-2011, en circunstancias de
escasa claridad legal y administrativa respecto a los sumarios en curso y su consecuente
asignación de responsabilidad, constituye en nuestro criterio una irresponsabilidad por parte de
las autoridades respectivas, dada la confusión a la que puede prestarse en términos de
imparcialidad el definir claramente los errores cometidos en el ejercicio de una o más labores.
Finalmente, como dato a incluir remitimos la situación acaecida en el bloque de salud de
la Universidad, presente en el Acta de Sesión Ordinaria Nº 327, donde se comentó la expulsa
de un grupo de alumnos en práctica de Medicina del Hospital de Quilpue por parte de su
Administrador, quien arguyó al respecto la no compensación económica al organismo
asistencial que sirve de campo clínico por parte de la Universidad.
Cuando en conjunto se aúnan tales factores, resultan visibles dos cosas: una suerte de
política explosiva de gasto en oposición al ingreso, lo cual sólo fatalmente puede subsanarse
mediante la privatización de lo público, tema transversal en las instituciones gubernamentales y
de las cuales las entidades educativas superiores no están ajenas, y un manejo engañoso sino
fraudulento de los fondos públicos, pues resulta inverosímil creer que tantos errores puedan
producirse en un nivel Colegiado como es la actual Rectoría y el Departamento de Finanzas y
Administración. Creemos que la información vertida aquí es suficiente para al menos poner en
tela de juicio la legitimidad o transparencia con que las políticas y estrategias institucionales de
la Universidad son implementadas, sobre todo cuando se considera que aún no existiendo
resolución sobre procesos y trámites legales cursados, la imagen corporativa ofrecida por la
Rectoría responde más bien a acallar las irregularidades internas en pos de asumir un
crecimiento acorde con las políticas que, globalmente, se han establecido como criterios
estándares de calidad y desarrollo educativo.
Lo anterior se traduce visiblemente en la estrategia diseñada por Rectoría y el Consejo
Académico al momento de situarse como interlocutores válidos ante la Federación de
Estudiantes, presta a buscar la negociación localista e inmediata antes de ver puesta en jaque o
comprometida la fama que ostenta nuestra Universidad, considerando también la actual acefalía
que presenta la Asociación de Académicos, lo que redunda en una participación nula en éstas
problemáticas, y las opiniones vertidas por el Rector en una entrevista realizada al Diario el
Mercurio de Valparaíso el 2 de Junio del presente año, las cuales transcribimos en literalidad:
"…existe un petitorio entregado por los estudiantes y estamos de acuerdo en la mayoría
de sus puntos. Hace tiempo veníamos conversando sobre esta materia, sólo faltaba
implementarlo","Creo que lo que procede es que las unidades académicas se reúnan con sus
estudiantes y funcionarios y tengan un diálogo más fluido. Todos estos tipos de problemas
tienen que ver con las comunicaciones","Son cosas normalmente internas, por ejemplo el
congelamiento de aranceles. Siempre les hemos dicho a los estudiantes que nosotros nunca
hemos tenido una política de subir aranceles".
Igualmente alarmante, resultan dos opiniones emitidas por los organismos superiores
de nuestra institución respecto a la forma en cómo llevar a cabo el cumplimiento de sus
deberes, que procedemos a describir. La primera guarda relación con la Junta Directiva que
sucede a la entrega de algunas denuncias antes descritas, presentes en la sesión Nº 213 del
10 de Enero del 2006 donde textualmente se lee lo siguiente: “…se ha pedido al Sr. Secretario
General que confeccione Actas sucintas, donde se destaque preferentemente los acuerdos,
dado que es conveniente, por la reserva de muchos temas que son abordados por la Junta
Directiva, que las reflexiones y deliberaciones y ciertas observaciones, vertidas en las sesiones,
se mantengan en reserva en el archivo de la Secretaria…”, lo que atenta contra la probidad que
la Constitución Chilena acuerda en su normatividad acerca de las afirmaciones, resoluciones y
observaciones hechas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus labores. La segunda
observación refiere a un Oficio filtrado a los alumnos por parte de la dirigencia académica
conocido como Oficio Ordinario Nº 136 del 29 de Mayo de 2007, donde el Rector abiertamente
solicita a Decanos y Directores de Carreras el uso de la Fuerza Pública para desalojar a todos
quienes atenten contra la autoridad, dedicándose incluso en tal Oficio a citar los Tipos Penales
y sus respectivas Leyes insertas en el Código Procesal Penal que pudieren a su juicio darse en
el tipo de manifestaciones empleadas por los estudiantes, desvirtuando así sus propias
opiniones vertidas días antes con la Mesa Interina, órgano representativo del alumnado, acerca
de mantener el diálogo y la equidad en las decisiones.
Creemos que nuestra dirigencia ha sabido alzar una protesta generalizada, canalizando
los bríos juveniles en unidad con los demás estamentos participantes, acerca de las materias no
reguladas y frecuentemente dilatadas en el tiempo tales como las medidas financieras
correctivas, la diferenciación en los procesos eleccionarios administrativos, los procesos
sumariados sin resolución, las frecuentes incomodidades estructurales y académicas que
padecen los alumnos de muchas carreras y la falta de participación en las decisiones de orden
general de la Universidad, todo lo cual se engloba en una lógica de mercado. Sin desmedro de
lo que tal mercantilización de la educación pudiera producir en beneficios reales, hay que
entender que la Universidad como institución regional debe producir a como de lugar una
subsistencia estable y una imagen pública que le permita acaparar la atención de los mayores
puntajes nacionales en educación media, incluso sin contar con una fiscalización ágil y externa.
Ello se aviene perfectamente con la política instaurada en los más altos niveles
jerárquicos de nuestra Universidad, cuando se considera lo expresado por el Consejero
Integrante de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Sr. Osvaldo Bernal, que en
la reciente sesión del Consejo Académico fechada 24 de Abril del 2007 propuso, con gran
ingenio según su apreciación, que los académicos deberían ser accionistas de la Universidad
en el período que durara su cargo, transformando a ésta institución en un modelo similar al
Banco Estado.
Por tanto, resulta fácil comprender que en un espacio de tiempo dado inexorablemente
comenzarán a asomar a la luz pública problemas administrativos y financieros, pues todas las
relaciones se plagan de zalamería, favoritismos jerárquicos y compromisos políticos, donde la
misma dependencia de la Rectoría a una Junta Directiva de privados no elegida
democráticamente y que dirime sobre las políticas de la institución resulta cuestionable, dada la
lentitud burócrata que genera, tan típica de nuestras organizaciones estatales.
El desarrollo de una Triestamentalidad como piedra angular del movimiento elevado
desde el alumnado, en cooperación con estamentos de funcionarios y académicos, concuerda
en su estrategia precisamente con las críticas efectuadas por el Sr. Sergio Lobo y el Sr. Manuel
Hernández, ambos miembros de la Junta Directiva, con relación a la ausencia en el ya
aprobado Plan Estratégico de la Universidad de una reflexión y estudio deliberado de los
recursos y posibilidades estructurales y académicas en el presente. Si bien es necesario dar pie
a una renovación en el desarrollo y el crecimiento de la Universidad respecto a la competencia
en el mercado educativo, creemos que antes de afianzar una innovación, como se precisa en el
Plan, se debe imprimir a tal política de desarrollo una franqueza vista desde la realidad actual y
estatal de nuestra entidad educativa, lo que en palabras de los miembros citados se entiende
como el marco conceptual y doctrinario desde donde deben derivarse las implementaciones.
Especialmente, acerca de definir los límites en la expansión territorial y el crecimiento de la
Universidad, debiendo orientarse actualmente el esfuerzo en patentar una consolidación del
desarrollo cualitativo, en términos de mejoras sustanciales de educación, antes que
cuantitativas o materiales, sobre todo cuando la cifra estimativa de financiamiento estatal no
sobrepasa el 8,9%. Resulta interesante en este punto una afirmación hecha por el actual Rector
en el Acta de la 146 Sesión del Consejo Regional de la VI Región, en Noviembre del 2004,
acerca de que las universidades son fuentes de empleo, y no deben mirarse sólo por sus
carreras, siendo éstas a veces las menos importantes, mientras uno de los Consejeros
presentes hacía hincapié en la ausencia de información financiera concreta sobre el proyecto
que deseaba llevarse a cabo, en términos de activos, pasivos y cuentas de resultados de la
Universidad.
Creemos firmemente que el movimiento estudiantil actual del cual han sido testigo los medios
de comunicación y la comunidad, surgió como una reacción de molestia hacia lo que asomó
públicamente como un desfalco y una malversación de fondos. En efecto, tal reacción incitó a
proclamar una bandera de reivindicación que tomó ribetes insospechados al asumir como
objetivo central la democratización y la triestamentalidad de nuestra Universidad, y como
metodología para tal fin la petición de renuncia de nuestro actual Rector, lo que derivó en una
práctica de “tomas” masivas y “funas” públicas, términos que coloquialmente se han perfilado
como las medidas de acción posibles dados los escasos recursos y a tono de puro ímpetu. Es
en tal ímpetu, donde solicitamos a la opinión pública y a los organismos legislativos de la nación
se pronuncien sobre los hechos acaecidos, en función a la demanda exigida de claridad,
probidad administrativa y respeto mutuo entre quienes componen la Universidad de Valparaíso
Publicar un comentario en la entrada